Yolanda Ibarrola

La abogada pide aumentar la financiación en Justicia para que ésta pueda responder «con celeridad» a las necesidades de las empresas.

Menos de seis meses lleva Yolanda Ibarrola como consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, una apuesta casi personal del presidente, Ángel Garrido, que decidió separar esta materia de la de Presidencia para dotarla de «más medios», como aseguró en el pleno de investidura.

No se trata de una decisión banal, ya que precisamente la Justicia debe cumplir un papel protagonista en la fortaleza de la región como foco empresarial. Así lo asegura la consejera del ramo, que señala que «la Administración de Justicia es un eje fundamental para la dinamización de la economía».

No en vano, Ibarrola es una firme defensora de esta materia e insiste en que «una Justicia que no responda a las empresas con celeridad frena la atracción de inversión». Así, añade que «Madrid es un motor económico y la Administración de Justicia va a cooperar para que lo siga siendo».

Por este motivo, toma el guante lanzado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha pedido tanto al Ministerio de Justicia como a la Comunidad de Madrid crear ocho juzgados nuevos de lo mercantil para evitar un «colapso absoluto». En lo que respecta a sus competencias, apoya totalmente esta reclamación, aunque recuerda que es el Ministerio el que tiene que aprobar en primer lugar un decreto de creación de juzgados y luego una orden con la fecha de entrada en funcionamiento.

A este respecto, Yolanda Ibarrola adelanta que, a principios del mes de diciembre, entrarán en funcionamiento dos juzgados más de lo Mercantil que fueron aprobados en la etapa del anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Sin embargo, la consejera es ambiciosa y espera poder aumentar este número para lo que, no obstante, reclama un mayor compromiso estatal. En este sentido, pide a la ministra Dolores Delgado que incluya entre sus prioridades la creación de nuevos órganos judiciales, una tarea que «hay que afrontar con una visión de futuro».

Financiación

Asimismo, la consejera también reclama al Gobierno una mejor financiación para las comunidades autónomas, que actualmente es «penosa y ruinosa». Y es que, a su juicio, es «totalmente deficitaria». Tanto es así, que en lo que respecta a Madrid han hecho los cálculos y asegura que les faltan 26 millones de euros.

A pesar de ello, Ibarrola afirma que la Comunidad de Madrid no se va a quedar de brazos cruzados y continuará firme con su programa, en el que la mejora de las infraestructuras es una de sus piedras angulares. Precisamente, el actual plan de modernización cuenta con una inversión de 19,7 millones de euros, casi el triple que en 2017 y 30 veces más que al inicio de la legislatura.

Otra batalla de Yolanda Ibarrola es una mayor implantación de las nuevas tecnologías en los 21 partidos judiciales en los que está dividida la Comunidad de Madrid, una partida que, de momento, ya ha invertido 32 millones de euros. Y es que considera que «la Administración de Justicia tiene que ser innovadora y moderna, por lo que debe utilizar todos los medios que haya en el mercado para que así sea». Se trata de seguir la misma senda iniciada por el sector privado de la abogacía, que, a su juicio, está «lleno de energía».

Respecto a la opinión de la población sobre la Justicia, quiere romper una lanza a favor de todas las personas que trabajan en ella y asegura que, en nuestro país, «goza de una buenísima salud y ofrece garantías a los ciudadanos con grandes profesionales», por lo que asegura que «hay que sacar pecho y sentirse orgullosos de la Justicia que tenemos en España».

Como ejemplo, destaca la labor de los jueces en todo el conflicto catalán, que han demostrado «una gran valentía basada en un concepto sublime de la ley y del Estado de derecho».

  • Reagrupación de todas las jurisdicciones

Aunque el mega proyectode la Ciudad de la Justicia de Madrid se encuentra actualmente bajo investigación de la Audiencia Nacional, la actual consejera del ramo de la Comunidad, Yolanda Ibarrola, que muestra «absoluto respeto a las decisiones judiciales», asegura que no van a esperar de brazos cruzados una decisión, ya que la Justicia necesita avanzar. Por eso, sigue firme con la idea de concentración. «La Comunidad de Madrid no renuncia a una agrupación de todas las sedes judiciales que se encuentran en la capital», confirma. Este plan permite,a su juicio, acabarcon disfunciones administrativas o suspensiones de juicios por no asistencia de las partes, así como reducir gastos en materia de mantenimiento o transporte de documentación entre las propias sedes. En este sentido, ya se ha completado la agrupación de la Audiencia Provincial en dos edificios contiguos, mientras que el próximo objetivo es concentrarla jurisdicción civil formada por 101 juzgados de primera instancia que, en la actualidad, están repartidos en ocho ubicaciones distintas. «Los trabajos están bastante avanzados», asegura Ibarrola, que añade que están en línea directa con la Dirección General de Patrimonio para estudiar posibles localizaciones.

  • Mayor inversión en la jurisdicción penal

Uno de los objetivos claros de la Comunidad de Madrid es mejorar la jurisdicción penal. Lo confirma la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, que afirma que se trata de «la mayor inversión realizada en Madrid desde la inauguración de los juzgados de Plaza de Castilla en 1978». Las mejoras, según explica, son múltiples.

  • La Comunidad de Madrid está ultimando la puesta en marcha de un nuevo núcleo penal en la capital, en la zona de San Blas, con una superficie de unos 28.000 metros cuadrados. Se espera que la mudanza termine, como tarde, a principios de noviembre.
  • El nuevo complejo concentrará en tres edificios, situados en un radio de 100 metros, un total de 56 juzgados, con espacio adicional para la apertura de nuevos órganos.
  • Esta reorganización de las sedes de lo penal supone un aumento de la superficie judicial en 12.000 metros cuadrados.
  • Estos cambios implican una mejora de la infraestructura de la oficina de atención a las víctimas, una mayor garantía para preservar la intimidad de las víctimas asegurando que no coincidan con sus agresores en dependencias judiciales, así como mejores condiciones para los menores de edad.
  • Otro de los objetivos es la mejora en el acceso a las sedes judiciales para las personas con algún tipo de discapacidad, por lo que se han reforzado las medidas de accesibilidad.

Fuente: EXPANSIÓN JURÍDICO

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